CONCILIACIÓN DESPUÉS DE LA SENTENCIA

La población del Perú al 30 de junio del 2010, según las últimas proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), es de 29 millones 461 mil 933 habitantes  y  como es lógico se a incrementado el numero  y  complejidad de los  conflictos, lo  cual  genera  el   incremento de  los  procesos  judiciales,  que a  su vez ocasiona que el  Estado gaste  millones  y millones de   soles en impartir  justicia,  que    en el mayor de los  casos  es deficiente, injusta  y lenta, motivo  por  el   cual a  finales del   siglo pasado  se incorporo la conciliación   como  un  medio para  descongestionar  los  tribunales de justicia.

El sistema de justicia peruano lamentablemente esta diseñado  para  ser inseguro,  ineficiente,  lento y  sobretodo  impide  el acceso a la  justicia de   la  mayor   parte de la población   que  vive  en extrema pobreza,  quienes  por  los altos  costo  no  pueden   defender  sus derechos.

Por  ello la incorporación de la conciliación como un medio para autosentenciarte, resulta ser lo mas eficiente, rápido, económico y accesible a la mayor  parte de la población para  alcanzar  justicia.

Sin embargo  la  conciliación  no puede  contribuir   realmente a que el Estado  disminuya  sus  ingentes  gastos  de dinero   en solucionar  conflictos,  toda vez  que  solo  es utilizada  en  70 % de  su capacidad, por cuanto se   utiliza únicamente para evitar  procesos  judiciales y para   evitar  la  sentencia,   descartándose la posibilidad de su utilización después del mismo, lo cual genera grandes perdidas económica para las partes y sobre todo para el Poder Judicial.

Por ello  es imprescindible  legislar para que la conciliación también pueda ser usada después del proceso judicial,  es  decir,  después de la sentencia,  por que en muchas ocasiones las parte pueden acordar modificar la sentencia, porque entendieron que es más beneficios para ellos   restaurar  sus relaciones  interpersonales,  comerciales o  familiares  y además porque de esta forma el Poder Judicial reduce sus costo en un proceso judicial, por cuanto esta podría realizase en un Centro de Conciliación.